MARTA LAMAS
Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología. Una mujer
puede reparar el error de un embarazo no deseado, producto de la
fragilidad de un descuido o del horror de una violencia. Hace dos
años, el 24 de abril de 2007, en la Asamblea Legislativa diputadas y
diputados de seis partidos confirmaron esa posibilidad de
rectificación al aprobar las reformas que despenalizan en el Distrito
Federal la interrupción de una gestación hasta las 12 semanas de
iniciada. Esto fue posible por el convencimiento contundente de
distintos sectores de la sociedad de que era una reforma benéfica y
necesaria. Para empezar, 22 mil 233 mujeres han evitado los riesgos y
la extorsión económica de la clandestinidad. Sin esta ley, ¿cuántas de
ellas se habrían infectado, o habrían quedado estériles o incluso
habrían fallecido? Seguramente la mayoría habrían estado muertas de
miedo mientras juntaban los miles de pesos necesarios para pagar una
intervención riesgosa por lo ilegal.
La apropiación de la ley por parte de las mujeres que se benefician de
ella es impresionante. Hoy muchísimas mujeres están muy lejos de la
resignación de antes, y saben que tienen el derecho a decidir, de
manera legal y segura, qué hacer ante un embarazo no deseado. Y la
cada vez mejor prestación del servicio por parte de las instituciones
de salud del Gobierno del DF también desdramatiza la intervención. Al
abortar legalmente, con tranquilidad y seguridad, la decisión de las
mujeres de ejercer su derecho a elegir implica un signo de maravillosa
vitalidad democrática.
Sin embargo, México no es el DF. En otras entidades federativas la
situación no sólo no ha mejorado, sino que perfila un panorama
ominoso. Un conservadurismo destructivo está tejiendo complicaciones
en varios estados de la República al introducir modificaciones a las
Constituciones locales para “proteger la vida desde el momento de la
concepción hasta la muerte natural”. Sí, a partir de la resolución de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en agosto del 2008, ocho
estados han avanzado en lo que pretende ser un “blindaje” en contra de
la despenalización.
La primera iniciativa aprobada por un Congreso local fue la de
Sonora, el 21 de octubre del 2008, presentada por las fracciones
panista y priista del Congreso sonorense, de mayoría priista y con un
gobierno del mismo signo. La segunda iniciativa fue el 11 de
noviembre, en Morelos, gobernado por el PAN, y la propuesta provino de
una diputada priista y una panista. La tercera fue el 14 de diciembre,
en Baja California, gobierno panista, donde, en votación secreta, se
aprobó con el apoyo de la fracción priista. La cuarta fue en Colima,
con gobierno priista, el 17 de febrero de este año. En Puebla, con
gobierno priista, se aprobó el 12 de marzo; la quinta en Jalisco,
gobernado por el PAN, el 26 de ese mismo mes. Y en abril hubo dos más:
Durango, con gobierno del PRI, el 7 de abril, y Nayarit, también
priista, el 17 de abril. Al escribir este artículo existen iniciativas
similares en los estados de Aguascalientes, Estado de México,
Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche y
Quintana Roo. Es de notar que, si bien la estrategia de reformar las
Constituciones estatales empezó siendo orquestada por los grupos
católicos más conservadores, ha podido avanzar por el decidido apoyo
del PRI.
¿Por qué el PRI se suma ahora a esta iniciativa reaccionaria? Después
de un cierto alejamiento de la jerarquía de la Iglesia católica por su
apoyo al PAN, el PRI parece decidido a recuperar terreno a toda costa,
incluso contra su propia tradición liberal. Su objetivo electoral
justifica todo. Da la impresión, por lo concertado de las acciones, de
que hay “línea” al respecto en ese partido. Y mientras los priistas
inician y apoyan los retrocesos locales, en el DF el conservadurismo
panista sigue haciendo de las suyas. El secretario de Salud federal,
doctor José Ángel Córdova Villalobos, ha prohibido a los hospitales
federales ubicados en la Ciudad de México que cumplan la normatividad
de la despenalización del aborto. Así, en el Hospital de la Mujer y en
el Gea González, al igual que en el Hospital General y en el Juárez,
los médicos tienen prohibido realizar la intervención, no obstante que
se encuentran obligados por la ley. Obedeciendo el lineamiento de
Córdova Villalobos, tampoco las clínicas y hospitales del Seguro
Social y del ISSSTE dan ese servicio a sus aseguradas, lo cual es un
desacato a la ley.
No obstante estas deplorables reacciones, la despenalización en el DF
se sostiene en el imaginario ciudadano del país como un símbolo de la
voluntad del gobierno perredista del DF de abatir la mortalidad
materna causada por el aborto inseguro, así como de su esfuerzo para
contrarrestar la injusticia social que implica esta práctica cuando es
ilegal. La despenalización guarda concordancia con el carácter laico
del Estado mexicano, que respeta la diversidad ideológica y reconoce
la libertad de conciencia de las personas. Lamentablemente, ni el PRI
ni el PAN están interesados en respetar la libertad de decidir de las
mujeres y sus derechos fundamentales a la vida, la salud y al
desarrollo de sus proyectos de vida.
